La Comisión Pontificia para la Protección de Menores -establecida por el Papa Francisco con el fin de defender la dignidad de los menores y los adultos vulnerables en la Iglesia- ha publicado su primer informe anual en el que asume varios problemas en la respuesta a los abusos sexuales, entre los que cita la falta de transparencia y la lentitud en los procesos canónicos de abusos sexuales.

El documento, que formula numerosas recomendaciones, presenta los resultados obtenidos por el organismo del Vaticano a partir de las entrevistas realizadas a los dirigentes de la Iglesia durante las visitas 'ad limina' de los obispos a Roma y de los cuestionarios enviados a los trabajan sobre el terreno.

Entre las propuestas está, por ejemplo, la necesidad de mejorar los procesos canónicos de recepción y dar seguimiento a las denuncias, así como aplicar el concepto de vulnerabilidad a las disposiciones actuales de la Iglesia, además de asegurar una gestión eficaz de los casos de abuso sexual remitidos a la Santa Sede.

Según el informe, se pretende alcanzar un proceso simplificado para apoyar mejor a las víctimas en su sanación con políticas de daños y compensaciones económicas. También se resalta la importancia de profesionalizar los cargos para que el sistema sea más eficaz.

Gracias a este informe anual, y a los que le seguirán, el Vaticano dispone por primera vez de una herramienta que le permitirá establecer una visión global de su política de lucha contra la violencia sexual. Con 17 conferencias episcopales revisadas cada año, el objetivo de estas "auditorías" es "examinar a la Iglesia en su conjunto durante un periodo de cinco a seis años".

En el informe publicado este martes se revisa en detalle a las conferencias episcopales de países como México, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Bélgica o Camerún, entre otros. Asimismo, incluye el análisis de los institutos religiosos de las Hermanas Misioneras de la Consolata y la Congregación del Espíritu Santo.

De forma más general, además de la falta de recursos, también se hace hincapié en la falta de implicación de las víctimas en la respuesta de la Iglesia local a la violencia sexual. Ante estos problemas, el informe aboga por aunar esfuerzos y mejores prácticas entre las conferencias episcopales.

Los autores del informe abogan asimismo por crear una "verdadera cultura" de protección de los menores y promueven una "solidaridad entre las conferencias episcopales". Remarcan también la necesidad de fomentar esta cooperación especialmente en Hispanoamérica, Caribe, África y Asia. La comisión, asimismo, subraya la necesidad de que la Curia Romana se convierta en un referente para compartir las buenas prácticas en materia de protección. Así, insiste en que la falta de transparencia fomenta la "desconfianza entre los fieles", especialmente de las víctimas.

En cuanto al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se subraya que la falta de información "y los largos procesos canónicos pueden causar retraumatización en las víctimas". Por ello, desde la comisión se anima a contar con recursos adecuados así como a capacitar en derecho canónico a los líderes eclesiales locales. Además, sugiere explorar una mayor transparencia en las actividades de la Sección Disciplinaria.

El enfoque adoptado contrasta con el que se suele adoptar en Roma. De entrada, la comisión señala que no todos los países y organizaciones han alcanzado el mismo nivel de concienciación. "Mientras que algunos organismos y autoridades de la Iglesia muestran un claro compromiso con la protección, otros se encuentran sólo al principio de la asunción de responsabilidades por parte de la Iglesia", relata la comisión en su preámbulo, destacando una "inquietante falta" de estructuras dedicadas a la protección de menores y personas vulnerables en algunos países.

Y ello, precisa, a pesar de que "así lo exige el motu proprio Vos estis lux mundi", el decreto papal publicado en 2019 para establecer nuevos procedimientos de lucha contra los abusos. Asimismo, la comisión pide al Papa que escriba una encíclica sobre el tema para incorporar al Magisterio una "visión teológico-pastoral" sobre "la dignidad del niño y los derechos humanos en relación con los abusos".